Frente a los retos del Siglo XXI, un grupo de personas ciudadanas costarricenses
 
COMPROMETIDAS  con la vía democrática que ha diferenciado a Costa Rica y que  ha apostado a lo largo de la historia por la consecución del bien común, a través del, el estado de derecho, los derechos humanos, la solidaridad social y la sostenibilidad; 
 
INSPIRADAS por la visión de líderes y lideresas de nuestra historia patria, quienes supieron cruzar las líneas ideológicas y los intereses particulares para construir una nación de avanzada en lo social, lo político, lo económico y lo ambiental. 
 
RECORDANDO la sabiduría ancestral y la resistencia de los Pueblos Indígenas y los aportes de poblaciones con diferentes origenes étnicos, la adopción del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica (Pacto de Concordia) como primera constitución provisional de Costa Rica en 1821; la gesta de 1856 en defensa de la soberanía nacional y regional; la abolición de la pena de muerte en 1882; la introducción de la educación pública, gratuita y obligatoria en 1869;  la fundación de la Universidad de Costa Rica en 1941; el establecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social en 1941; la emisión del Código de Trabajo en 1943; la defensa de la democracia durante la guerra de 1948; la abolición del ejército en 1948; la garantía del voto femenino en 1949; la promulgación de la Constitución Política de 1949; y que todo lo anterior se logró a través de acuerdos y diálogo de distintas fuerzas políticas y sociales, que supieron unirse en aras del bien común; 
 
RECONOCIÉNDONOS herederos y herederas de una nación que ha luchado por preservarla paz, la democracia, el estado de derecho y la solidaridad sin ambages, a pesar de contextos económicos y sociales adversos, aún cuando Centroamérica  se desangraba por guerras civiles e ideológicas y el  hemisferio sufría la tiranía de las dictaduras; 
 
LAMENTANDO la erosión del contrato social de la sociedad costarricense, que se ha visto impactado por una vorágine de cambios contextuales y retos globales que lo han desbalanceado, generando divisiones y debilitando la capacidad de llegar a acuerdos que beneficien los intereses comunes de la nación; 
 
RECONOCIENDO CON PREOCUPACIÓN​ el debilitamiento de las grandes apuestas nacionales como la educación pública de calidad, un sistema de seguridad social universal,  la diversificación productiva, la competitividad, la capacidad de innovación, y la búsqueda de la igualdad; 
 
ALARMADOS por la creciente polarización y desigualdad que han cercenado la confianza ciudadana en el Estado y las instituciones democráticas, y la pérdida de oportunidades para el ascenso social, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, las personas jóvenes y adultas mayores, a los niños y las niñas, a las personas con discapacidad, a las familias que habitan las costas y a los sectores rurales, a los Pueblos Indígenas y a las poblaciones de diferentes ascendencias que ayudaron a construir la identidad Costarricense;
 
ALARMADOS también por la amenaza de grupos criminales, que han aprovechado el debilitamiento del Estado en algunas zonas del país, el resentimiento y la falta de oportunidades, como caldo de cultivo para amenazar a la población con violencia, reclutar a los jóvenes y traicionar el estado de derecho y la paz costarricenses. 
 
RECONOCIENDO que nuestra prosperidad económica y progreso social, así como nuestra imagen y autenticidad como nación comprometida con la sostenibilidad ambiental, es el resultado de décadas de diversificación de exportaciones,  impulsada por el liderazgo nacional en atracción de inversión extranjera directa, y por el desarrollo de sectores productivos que generan empleos de calidad y compensaciones competitivas a nivel internacional, dada la alta productividad, especialidad y profesionalismo de las y los trabajadores costarricenses; 
 
NOTANDO con preocupación la crisis presupuestaria, con un déficit fiscal y pagos de deuda que han tornado inmanejables las finanzas públicas, en detrimento de la inversión social, la infraestructura productiva, la competitividad y la riqueza ambiental del país; 
 
DESTACANDO la necesidad de que el sector público sea eficiente y eficaz, respetuoso de los derechos humanos, y esté al servicio de la población, para la generación de riqueza y de oportunidades para todos y todas, potenciando la iniciativa privada, y procurando asegurar el bienestar de toda la población y de las generaciones venideras; 
 
DETERMINADAS a resguardar y defender la democracia costarricense y los instrumentos que permitieron construir una nación pacífica, con alto progreso social durante su vida republicana; y conscientes de nuestra responsabilidad frente a las futuras generaciones de costarricenses, 
 
reunidas en San José de Costa Rica, el 22 de junio de 2024, decidimos conformar el partido Vía Democrática bajo los siguientes postulados:
 
1. Nos comprometemos a respetar, defender, proteger y garantizar la democracia costarricense y los principios democráticos, la​ Constitución Política, el estado de derecho, la paz y los derechos humanos de todas las personas;
 
2. Nos comprometemos con la solidaridad social, la educación pública de calidad, la economía sostenible y solidaria, y la sostenibilidad ambiental como bases para la búsqueda del bien común,​
 
3. Nos comprometemos con la construcción de un sector público eficiente y eficaz, en el que los servidores públicos y el ejercicio del poder público se encuentran al servicio de la Constitución, las leyes y el bien común de las personas y de la sociedad como un todo, asegurando la rendición de cuentas, la representatividad y el diálogo en la toma de decisiones y la promoción de la iniciativa privada en lo económico y lo social.​
 
4. Creemos en la promoción de la empresa privada, la competitividad de la producción costarricense y la incorporación del país a mercados internacionales. Creemos que la empresa privada, la economía y el desarrollo sostenible necesitan y se benefician de la paz social y la cohesión ciudadana, que se logra a través de una política social, con responsabilidad fiscal, a través de mecanismos redistributivos justos, razonables y no confiscatorios. 
 
5. La política económica debe asegurar el resguardo y la ampliación de la clase media, particularmente en las zonas de menor desarrollo humano, como las costas y las zonas rurales. La promoción de la iniciativa privada, a través de la micro, pequeña y mediana empresa, junto con la atracción de inversión extranjera directa y de generación de empleo de alta calidad deben seguir siendo apuestas constantes, así como el facilitar la capacitación para un mayor acceso a mercados laborales y comerciales de punta. 
 
6. Se debe combatir la desigualdad a través de esquemas de economía social y la bancarización. La generación de infraestructura para la población rural y la innovación agrícola siguen siendo clave para que continúen participando y beneficiándose de los frutos del desarrollo.
 
7. Se debe combatir la precarización laboral, asegurar condiciones de empleo digno, salarios justos en igualdad de condiciones, en todos los sectores, sin discriminación. Superar la informalidad laboral y empresarial ha de ser un norte de la política pública. El pleno empleo debe volver a ser una ambición nacional. 
 
8. El mundo del trabajo no debe castigar ni excluir a quienes asumen obligaciones de cuido, que recaen desproporcionadamente en las mujeres. El fortalecimiento de la red de cuido, y las redes de asistencia a personas adultas mayores, deben impulsar que cada vez más personas puedan ingresar al mercado laboral formal, y contribuir así al progreso del país, sin descuidar a quienes requieren una atención continua.
 
9. Nuestro compromiso con la sostenibilidad nos beneficia como marca país, en turismo, en producción de energías limpias, en la atracción de inversión extranjera y en la colocación de nuestras exportaciones, y es el corazón de nuestro compromiso con las generaciones futuras. 
 
10. Conscientes de que como país de territorio pequeño, ístmico, entre dos grandes océanos, y con una altísima biodiversidad, de nuestra alta vulnerabilidad a los embates de la crisis climática global, buscaremos una mayor resiliencia de todos los sectores a los fenómenos y desastres naturales. 
 
11. Avanzaremos con alianzas público-privadas que potencien la iniciativa privada, en beneficio de todos y todas.  
  
12. Las instituciones que han impulsado nuestra prosperidad, progreso social y sostenibilidad en el pasado, deben modernizarse y adaptarse a contextos más exigentes, rápidamente cambiantes, de mayor productividad y recursos tecnológicos. Estas instituciones debenser eficientes y eficaces en su servicio a las poblaciones más vulnerabilizadas, garantizando la toma de medidas, según el máximo de recursos disponibles, para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de todas las personas sin discriminación de ningún tipo. 
 
13. La humanización de los servicios, la dignificación de la atención y la simplificación de trámites y requisitos combatirán el maltrato ciudadano y la violencia institucionalizada hacia las poblaciones vulnerabilizadas. 
 
14. La visión solidaria al corazón de nuestra institucionalidad y programas sociales debe preservarse hasta que por medio de inversiones inteligentes y enfocadas en la educación pública de calidad y la capacitación técnica para jóvenes, mujeres, y la reconversión de las destrezas de las personas trabajadoras se haya logrado la equidad en el acceso a las oportunidades de empleo y emprendimientos modernos, que redunden en el crecimiento de los ingresos que permita a las personas sustentar, de manera digna, su bienestar propio y familiar. 
 
15. Reconocemos la relevancia de la Caja Costarricense del Seguro Social como pilar del bienestar de los y las costarricenses en condiciones de igualdad, con un enfoque preventivo, que junto al resto del sector social aborde los determinantes de la salud, bajo una gobernanza sectorial efectiva. La Atención Primaria de Salud es la estrategia base del sistema; y por ello el Primer Nivel de Atención es clave para sostener la oportunidad, gradualidad e integralidad de la atención en salud, incluida la salud mental. La salud de las mujeres  requiere una política integral que permita superar los prejuicios y se garanticen sus derechos y su dignidad. La niñez, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad deben gozar de servicios de salud disponibles, accesibles, adaptables a sus necesidades y de calidad.
 
16. Costa Rica ha apostado y debe seguir apostando, de manera absoluta, por la paz y por el derecho internacional como mecanismo de solución de controversias y de defensa de su soberanía e intereses. Como país sin un ejército como institución permanente, Costa Rica ejerce su soberanía y el control territorial a través del cumplimiento de las leyes y de la justicia. Los y las costarricenses estamos llamados a demostrarle al mundo que la renuncia absoluta al uso de la fuerza no es una utopía. 
 
17.El Estado no puede abandonar el control de ninguna parte del territorio nacional frente al crimen u otros actores no estatales, respetando a la vez los derechos de los Pueblos Indígenas en sus territorios. El Estado, en su totalidad, tiene la obligación de proteger a sus habitantes de la violencia y la criminalidad, incluida la violencia de género, y en particular, de los femicidios. 
 
18..  El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, en sujeción a la Constitución y la ley, por la defensa de la democracia y el estado de derecho, con respeto a los derechos humanos y estándares internacionales.  Para ello, debe asegurarse que los cuerpos policiales, sin perder su carácter civilista y como pilar democrático, se encuentren provistos de la formación y equipamiento necesarios, para poder cumplir a cabalidad su mandato de garantizar la seguridad humana de todas las personas. El Estado debe asegurar el carácter civil de los cuerpos policiales, incluido el derecho de sus miembros y de sus familias, de acudir a la justicia en caso de violaciones a su integridad y a su vida.
 
19. La criminalidad, la inseguridad y la violencia son  un fenómeno multi-factorial que requiere de una política integral interinstitucional. que incluya una educación de calidad, generación de empleo, la protección del trabajador, la promoción del desarrollo de los emprendimientos, entre otros.  La prevención a través de la cohesión social de las comunidades más afectadas o vulnerables; la presencia integral del Estado con la provisión de servicios básicos; el respeto y defensa de los órganos de investigación y persecución penal; el fortalecimiento de los cuerpos policiales; el combate a la corrupción; y los programas para la atención de las víctimas son esenciales para combatir el fenómeno criminal como un todo, desde sus causas, hasta la mitigación de sus impactos. 
 
20. La presencia integral del Estado en todo el territorio nacional -con respeto a los derechos de los pueblos indígenas en su territorio- y el desarrollo inclusivo requieren la recuperación de las vías de comunicación y comercio del país. El transporte público debe ser eficiente, enfocado en brindar un servicio de calidad que permita un desplazamiento digno para los usuarios. Se debe asegurar una solución para transporte público rural, considerando sus necesidades y demanda para evitar que haya  pueblos incomunicados y sin acceso a servicios públicos y trabajo.  
 
21. Tendremos una visión de movilidad activa que permita priorizar al peatón como el eje y sus necesidades desde el inicio de su trayecto hasta que llega a su destino.
 
22. Los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, deben estar al servicio de las personas, y su impulso y desarrollo debe maximizar los beneficios para la toda de la población, sin discriminación.
 
23. Costa Rica ha sido un país de diálogo y de grandes acuerdos nacionales. El diálogo y la participación han de ser una forma de hacer gobierno, que exige transparencia, rendición de cuentas, pero también esfuerzo conjunto y apropiación del gobierno por parte de los ciudadanos. Se debe combatir la polarización entre sectores ideológicos, clases, intereses y regiones. Se buscará articular grandes acuerdos nacionales que trasciendan períodos de gobierno, para hacer política de Estado en temas esenciales.  
 
24. La vía democrática debe transitarse con visión de futuro, sin sacrificar los principios fundamentales, pero reconociendo que existen muchas formas de experimentar el “ser” costarricense, y que en democracia se protege el disenso. Se buscará aprovechar las lecciones y oportunidades de nuestra historia, sin excluir propuestas de distintas fuerzas sociales, para crear condiciones para un futuro próspero y de progreso social, de mayor igualdad y justicia social, y compromiso con la sostenibilidad. cr
 
25. Creemos en una Costa Rica que ha sido, es, y será un país comprometido con la paz interna, regional y global; con los derechos humanos, la libertad y la igualdad de todas las personas, y con la protección de la vida y la biodiversidad.
 
26. Nuestra propuesta partidaria se centrará en construir sobre las fortalezas de nuestra historia, en aprovechar las grandes lecciones del pasado y cómo algunos de los líderes que nos antecedieron fortalecieron el contrato social costarricense. Aspiramos a un contrato social basado en el respeto de los derechos de todas las personas, en promover la confianza entre sectores y estratos de nuestra población, en bajar los costos de transacción en todos los ámbitos, para que se pueda avanzar con decisiones individuales y colectivas al ritmo que el contexto nos exige; todo con base en la transparencia y la rendición de cuentas de cada decisión, transacción y proceso
 
27. El contrato social que proponemos, enfocado en el bienestar de la ciudadanía, se sustentará en siete valores esenciales: 1. la solidaridad y la justicia social, 2. una economía sostenible e inclusiva, 3. El respeto, la protección y garantía de los derechos humanos, 4. la transparencia y la rendición de cuentas; 5. la educación de calidad;  6. la eficiencia y eficacia operativa del Estado y sus instituciones, y 7. la sostenibilidad ambiental.
 
28. Soñamos una Costa Rica diferente del promedio de las naciones emergentes y de la región, adelantada a su tiempo, como lo estuvo en el pasado, con base en decisiones valientes y visionarias en temas fundamentales del desarrollo, donde cada persona es libre y goza de la seguridad de que todos sus derechos serán respetados, protegidos y garantizados; donde las voces divergentes serán escuchadas sin que medie sobre ellas ninguna forma de presión y donde el bien común de los y las costarricenses será siempre el criterio fundamental de cada decisión.